El Consejo de Ministros de 9 de abril de 2010 ha aprobado el Real Decreto Ley que contiene, entre otras medidas para el estímulo de la actividad empresarial, la reforma de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, para permitir el mantenimiento de las relaciones contractuales con la Administración a las empresas que hayan solicitado la declaración voluntaria de concurso de acreedores, siempre que ésta haya adquirido eficacia a través de un convenio, así como la devolución de la garantía depositada por el contratista y la cesión del contrato cuando éste no pueda garantizar su ejecución.
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